Telefónica nos envía la siguiente información:

• Los robos y cortes de cables  a nivel  nacional disminuyeron en un 37% con relación al año 2012, gracias a  acciones técnicas, legales y de seguridad  de la empresa  para  proteger sus redes en la planta externa y asegurar la comunicación de los peruanos.
• El Poder Judicial sólo dictó  mandato de detención  en contra de 5 personas arrestadas  por  delito de robo y  sentencias condenatorias por hurto de cables con prisión efectiva con penas que oscilan entre 3 a 5 años.
• A octubre de este año se registraron 1,047 incidencias de robo y cortes de cables  telefónicos en todo el país y que afectaron a 198,216  personas.
• Se requiere  de  sanciones más drásticas para erradicar este tipo de prácticas.

Telefónica informó hoy que a octubre del 2013, se registraron más de 4 mil incidencias generales, consistentes en robos, cortes de cable y daños a la infraestructura de la empresa a nivel nacional  las que generaron pérdidas a la compañía por un total de más de  S/ 18 millones. Cabe precisar, en caso  de robos y cortes las pérdidas  en reponer o remplazar equipos ascienden a S/. 4,785,737, mientras que por daños en la infraestructura de telecomunicaciones el monto es de S/. 14,161,559 respectivamente.

“Las telecomunicaciones son vitales para el desarrollo de nuestro país. Su ausencia implica quitarle a la población afectada su derecho a comunicarse. Los delincuentes que cometen estos actos no tienen conciencia de que producen un daño terrible a la sociedad”, afirmó Mariano Rodriguez, Director de Seguridad Corporativa de Telefónica.

Entre enero y octubre de este año  se produjeron 1,047 incidencias de robos  y cortes de cables telefónicos a nivel nacional, lo que perjudicó a 198,216  peruanos, quienes vieron afectado su derecho a las comunicaciones.

Del total de robos de cables telefónicos registrados por la empresa, 52% se realizó en Lima y el 48% restante, en provincias. En la capital, entre las zonas más afectadas figuran los distritos de Comas, Puente Piedra y la  Provincia Constitucional del Callao; mientras que en el interior del país destacaron las ciudades de Chimbote, Piura, Huancayo, Ica y Trujillo.

Rodríguez señaló que en estos diez  meses del 2013 los hurtos de cables disminuyeron en 37% con relación a similar período del año anterior. Esta disminución es producto de la  realización de diversas acciones de la compañía en la parte técnica, legal y de seguridad. En el área técnica, se ejecutaron acciones como el aseguramiento de las redes áreas, subterráneas y la implementación de sistemas de alarmas colocadas en cables, lo que permitió detectar y actuar al momento de producirse los actos vandálicos contra la infraestructura, acotó.

“Estos actos delictivos representan un grave problema de seguridad ciudadana y se explican por la comercialización de metales en el mercado negro. Uno de los factores importantes  que  impulsa este delito es la alta cotización del cobre en el mercado internacional. Hasta octubre el precio promedio del cobre fue de US$7,364.46 por tonelada”, acotó el ejecutivo.

Para contrarrestar estos actos ilícitos, Telefónica está implementando acciones de prevención y de seguridad con la Policía Nacional, entre ellos  patrullaje, intervenciones y operativos tanto en Lima como en provincias. Sin embargo,  se siguen cometiendo estas infracciones que perjudican a los ciudadanos.

Durante este período se han registraron 41 intervenciones policiales  por robo de cables a nivel nacional. De ellas, 35 se realizaron en Lima y 6 en provincias. Por estos casos, se están investigando a  31 personas, de las cuales  tres  se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios, al haberse dictado mandato de detención al momento de la apertura de la instrucción penal.

Acciones legales

En los 10 primeros meses del 2013 se han dictado 26 sentencias condenatorias  por hurto de cables, de las cuales 5 tienen prisión efectiva con penas que  oscilan entre  3 a 5 años.  En los demás casos, se ha dictado condenas con penas suspendidas, lo que significa que cumplirán su sanción en libertad. “Esto ocurre porque  nuestra legislación penal no ofrece todas las garantías para sancionar eficazmente este delito,  pues en muchos casos  se aplican penas mínimas, no obstante que atentan contra la  colectividad. Hace falta penas más severas que frenen estos delitos”, comentó Rodríguez.

El ejecutivo exhortó a la población a denunciar a los delincuentes responsables de estos delitos, pues perjudican no solo a los ciudadanos, sino también a hospitales, comisarías e instituciones educativas, entre otros. “Es necesario que este tipo de delitos sea comprendido en su real dimensión, a fin de que se tome conciencia del daño social que se produce”, finalizó.