Telefónica del Perú nos envía la siguiente información:

Se han identificado 147 comercializadores, entre fundiciones y chatarreras a nivel nacional, donde los ladrones llevan su ilegal mercadería. En lo que va del año se han podido realizar 8 intervenciones, lo que ha generado la detención de 14 personas a quienes se encontró en flagrante delito.

Se ha iniciado procesos penales contra 3 comercializadoras de cables robados, ubicados principalmente en el Cercado de Lima y La Victoria. Telefónica ha gastado  S/.13.6 millones en la reposición de sus activos afectados por robos y/o daños.

El robo de cables de cobre es una actividad delictiva que  afecta directamente al usuario final, debido a que genera la interrupción del servicio de telecomunicaciones. Esto es más grave aún si  tenemos en cuenta que muchas veces se afectan zonas en las que hay hospitales, comisarías, estaciones de bomberos y colegios.

“El robo de cables es un delito tipificado en el código penal bajo 2 categorías: hurto agravado (delito causado mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, durante la noche, mediante concurso de 2 o más personas) y delito contra los medios de comunicación (aquel hecho que atenta contra la seguridad de los medios de comunicación pública o puestos al servicio de transportes destinados al uso público). Las penas estipuladas para estos delitos fluctúan entre los 2 y 15 años, dependiendo de los agravantes del mismo”, señaló Ana Romaní, representante legal de Telefónica del Perú.

La ejecutiva indica que los delincuentes cortan y roban los cables telefónicos ubicados en la vía pública para obtener en forma ilícita el cobre. Una vez que obtienen el material, lo llevan a los puntos de comercialización. Se han identificado un total  de 147 comercializadores, entre fundiciones y chatarreras a nivel nacional,  de las cuales  88 corresponden a provincias (59.9%) y 59 a Lima (40.1%).

Estos actos delictivos se han vuelto constantes en los últimos años, sobre todo debido al alto interés que hay en el cobre con el que están hechos los cables de telefonía,  cuyo precio promedio de este año es 7.4 US$/Kg . “En los primeros ocho meses del 2013 se registraron 810 robos de cables multipares, lo que dejaron incomunicados a más de 151,488 personas a nivel nacional. Esto representa una disminución de 35% frente al mismo periodo del año pasado. Las zonas de Lima más afectadas por estos actos vandálicos  son Callao, Ate, Lurigancho, La Victoria; mientras  que en provincias figuran Santa, Trujillo, Sullana y Piura”,  informó la ejecutiva.

Debido a estas ilegales acciones, Telefónica ha gastado  S/.13’ 665,984  en la reposición de estos activos afectados por los robos y/o daños. De este monto el 24% fue utilizado para reponer el cable robado.

“Telefónica ha previsto la aplicación de sistemas de seguridad,  así como el desarrollo de actividades conjuntas con las autoridades para la protección de su infraestructura – planta aérea y planta subterránea- en Lima y provincias. Asimismo, a partir de este año está utilizando las bondades de las Tecnologías de la Información  para detectar y reaccionar rápidamente a fin de regularizar los servicios de nuestros clientes que se ven impactados por estos actos delictivos”, señaló Romaní.

En lo que va del año se han registraron 8  intervenciones policiales  por robo de cables a nivel nacional, lo que ha generado  la detención de 14 personas que se encontró  en flagrante delito. De otro lado, se han iniciado procesos penales contra 3 comercializadoras de cables robados ubicadas principalmente en el Cercado de Lima y La Victoria, donde opera el mercado negro de comercialización de cables. Asimismo, se ha identificado a  5 personas a quienes se sigue proceso por delitos de receptación, de asociación ilícita para delinquir y falsedad genérica.

Finalmente, durante este año se ha logrado sancionar a 36 personas, las cuales vienen siendo procesadas  por  hurto agravado y delitos contra los medios de comunicación, cuyas penas oscilan entre 2 a 5 años de cárcel. Del total de personas sancionadas, dos se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios al haberse dictado sentencias efectivas de 3 y 5 años, respectivamente.

“Hace falta rigurosas penas que frenen estos delitos, puesto que no sólo se trata del  hurto de cables, sino también de un atentado contra las comunicaciones. Las leyes no están ayudando a desalentar a los que delinquen, las penas con prisión efectiva son muy cortas y tienen una ejecución suspendida, por lo que muchos delincuentes continúan robando”, finalizó Romaní.